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Regulación del crédito en Uruguay: una mirada a los riesgos y oportunidades

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Por iniciativa de la Academia Nacional de Economía, un grupo de expertos analizó el futuro de la regulación crediticia en Uruguay.


 

Resumen informativo
  • Expertos alertan sobre los riesgos de regular tasas de interés y reestructurar deudas.
  • Proyectos legislativos en Uruguay podrían llevar a la pérdida de acceso al crédito formal.
  • La seguridad jurídica y estabilidad institucional de Uruguay podrían verse amenazadas.
  • Historia económica de Uruguay muestra efectos colaterales no deseados de intervenciones previas.
  • Debate sobre el modelo óptimo de regulación crediticia en Uruguay sigue abierto.

En el panorama económico de Uruguay, se ha desatado una controversia significativa en torno a la regulación del mercado crediticio.

Recientes iniciativas legislativas que buscan reestructurar deudas y establecer topes a las tasas de interés han encendido alarmas entre algunos expertos financieros, quienes advierten sobre las posibles repercusiones negativas de tales medidas.

Durante un evento organizado por la Academia Nacional de Economía, tres figuras del sector financiero uruguayo expresaron su preocupación. Barbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU); Julio de Brun, consultor económico y expresidente del Banco Central del Uruguay; y Alfonso Capurro, socio de CPA Ferrere, coincidieron en que las reestructuras forzosas impuestas por ley suelen ser contraproducentes.

Panel del futuro de la regulación crediticia en Uruguay: Capurro, De Brum, Mainzer.
Panel del futuro de la regulación crediticia en Uruguay: Capurro, De Brum, Mainzer.

La discusión se centra en dos iniciativas principales. Por un lado, los proyectos de ley presentados por el Partido Nacional y Cabildo Abierto, que proponen la reestructuración de la deuda de las personas físicas y que han encontrado obstáculos en el Parlamento.

Por otro lado, en el Senado se aprobó un proyecto de reestructuración de deudas para deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Mainzer resaltó la importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad institucional para atraer inversiones, señalando que estas iniciativas podrían amenazar el prestigio de Uruguay. 

Mainzer también destacó que, aunque el crédito en Uruguay representa un bajo porcentaje del Producto Bruto Interno (26%), no se observa un problema de sobreendeudamiento a nivel macroeconómico. Sin embargo, a nivel micro, algunas familias sí enfrentan dificultades.

«La experiencia internacional, inclusive la de Uruguay, respalda lo que sucede cuando se trata de intervenir en el mercado financiero. Si las iniciativas se manejan mal, pueden generar inseguridad jurídica. Nuestro país se destaca por ser bastión de seguridad institucional, social y económica, atraemos inversiones por el respeto a reglas de juego y estos proyectos pueden perjudicar ese camino», comentó Mainzer.

De Brun, por su parte, hizo referencia a un «déjà vu», recordando intervenciones previas en el mercado de crédito y sus consecuencias no deseadas, como el aumento de la morosidad y la fragilidad financiera sistémica. Resaltó la importancia de aprender de la historia económica uruguaya y de evitar regulaciones adicionales innecesarias.

Capurro enfatizó en la complejidad del mercado y en los riesgos de establecer topes a las tasas de interés, sin considerar los costos y riesgos del negocio. Analizó diferentes modelos de reestructura y dejó en el aire la pregunta sobre cuál sería el sistema óptimo para Uruguay, mencionando los modelos predominantes de la Unión Europea y Estados Unidos.

La propuesta de reestructurar el mercado crediticio en Uruguay ha generado un intenso debate. Mientras que algunos ven en estas medidas una oportunidad para proteger a los consumidores, expertos advierten sobre los riesgos de intervenir en el mercado financiero de manera forzosa.

Según estos expertos, la experiencia histórica y la evidencia internacional sugieren que tales intervenciones pueden tener efectos colaterales no deseados, afectando tanto a los prestatarios como a la estabilidad financiera del país.

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